Ordenación territorial

Para que la Amazonía se desarrolle de forma sostenible, es necesario resolver el problema histórico de la ordenación territorial, que está relacionado con la apropiación ilegal de tierras, la deforestación y los conflictos por la tierra. Para ello, en el marco de su Programa de Derecho y Sostenibilidad, Imazon lleva más de 15 años realizando investigaciones científicas que proponen soluciones para la asignación de tierras en la región con el fin de promover un desarrollo sostenible.

En 2008, investigaciones del instituto sobre el área de tenencia de tierras en la Amazonía pasaron a ser una referencia y contribuyeron a que la regularización de tierras se convirtiera en una prioridad para el gobierno federal. Ya en 2021, el libro “10 hechos esenciales sobre la regularización de tierras en la Amazonía Legal” denunció que casi el 30 % de la región estaba formada por tierras públicas no destinadas y que las leyes y prácticas de tenencia de tierras, tanto federales como de todos los estados de la Amazonía Legal, estaban incentivando la apropiación ilegal. Por esta razón, ese mismo estudio recomendó que dichas tierras públicas se asignaran a la conservación.

Este año, otro estudio del área también abordó la importancia de que los gobiernos retomen tierras que ya han sido canceladas en los registros de la propiedad por sospechas de apropiación ilegal. De los más de 10.000 títulos cancelados, 332 fueron localizados por los investigadores en el Sistema de Gestión de Tierras (Sigef) del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), donde suman 2,5 millones de hectáreas. A partir de esa localización, los autores del estudio también cruzaron los datos georreferenciados con información sobre cambios en el uso y cobertura del suelo y descubrieron que 811.000 hectáreas ya habían sido deforestadas hasta 2020, lo que representa el 34 % de esas propiedades. Al analizar el territorio deforestado, también demostraron que el 77 % estaba siendo utilizado para actividades agropecuarias.

Por otro lado, 1,5 millones de hectáreas de estas propiedades aún serían áreas de bosque (el 60 % del total), lo que demuestra la urgencia de que el poder público las recupere y las destine a la conservación. Este territorio equivale a diez veces el tamaño de la ciudad de São Paulo.